Clase media de BJ sale a protestar espontáneamente: Exige moratoria inmobiliaria y cárcel a funcionarios corruptos

Publicado por Staff on Sáb, 10/07/2017 - 14:21

En una insólita manifestación, vecinos de prácticamente todas las colonias de la delegación Benito Juárez exigieron castigo para funcionarios que tengan responsabilidad en la autorización de construcciones irregulares en la demarcación, particularmente las colapsadas por el sismo del 19 de septiembre, así como una moratoria inmobiliaria total en tanto no se legisle sobre nuevos límites a los empresarios del ramo.

Y es que el terremoto reciente no solo provocó la explosión del hartazgo por el tema de la corrupción inmobiliaria, cuyos mayores señalamientos se dieron durante la gestión de Jorge Romero Herrera (2012-2015), sino que además dejó ver la inutilidad del Consejo Ciudadano Delegacional, una instancia de gestión ante las autoridades de Benito Juárez que ha quedado completamente rebasada.

La convocatoria no fue promovida por un grupo ciudadano específico, sino que vecinos de Narvarte la hicieron abierta a toda la comunidad de Benito Juárez a través de las redes sociales, con lo que logró reunir a unas 500 personas en la explanada delegacional.

De esta manera, confluyeron las más diversas organizaciones vecinales, así como personas que acudieron de manera individual, al margen de partidos políticos. Lo mismo estuvieron los de Portales que exigieron castigo para los que –según acusan— impidieron el rescate entre los escombros de una mujer indígena en la calle de Saratoga, que los de General Anaya, Santa Cruz Atoyac  y Xoco que han denunciado la construcción de megatotorres como Mitikah y City Towers.

También participó el movimiento emergente contra la construcción de la Torre Polyforum en la colonia Nápoles, que se pretende de 48 pisos, y los de Narvarte que denunciaron la permisividad constante de obras de  construcción que superan el nivel de pisos permitidos, así como de anuncios espectaculares, ejemplos ambos que se dieron en edificios colapsados durante el sismo. 

Y el grupo Vive Actipan, que ha resistido por más de un año a la tala de decenas de árboles para una ampliación de Galerías Insurgentes y Liverpool, en dicha colonia aledaña a la Avenida Insurgentes Sur. 

En decenas de cartulinas y mantas, los vecinos expresaron su repudio a la corrupción; y en el acceso principal de la sede delegacional –al que declararon como “obra clausurada”-- instalaron una suerte de “alfombra” con propagandas de desarrollos inmobiliarios que ellos mismos descolgaron de los árboles y postes de luz que son usados ilegalmente por los empresarios.  

El momento más candente de la protesta se dio cuando un grupo de manifestantes, un tanto apartado de la gran concentración, identificó en el sitio al director general Jurídico y de Gobierno de la Delegación, Armando Ramírez, al que copó durante su accidentada huída desde los linderos con la avenida División del Norte hasta el acceso al edificio delegacional, por la calle de Uxmal, entre gritos repetidos de “¡Asesino” y “¡Corrupto!”

Momentos antes los vecinos entregaron a Federico Chávez, secretario particular del Jefe Delegacional, Christian von Roehrich, un “pliego petitorio” de diez puntos.

En el documento, dirigido al propio Delegado, se exige la reparación del daño a la ciudadanía que resultó afectada tras el sismo, así como la transparencia y rendición de cuentas de los recursos materiales y humanos empleados para dicho propósito.

Destaca la “suspensión indefinida para la autorización de nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales hasta lograr la reforma legislativa e institucional necesaria para garantizar el bienestar de todas las personas que habitan, ocupan y transitan la delegación política”.

Así como investigar y castigar a “funcionarios, empresas y personas que por acto u omisión fueron responsables de la no prevención y la errada atención al desastre, y que irresponsablemente no cumplieron con la normatividad en materia de desarrollo urbano, construcción, edificación e infraestructura”.  

Se insta a impulsar una “reforma legislativa” que incluya la restauración y creación de áreas verdes, así como dar facultades a los vecinos para incidir en la planeación urbana y en los desarrollos inmobiliarios específicos, “con acciones que reflejen sus intereses y demandas”. 

La Delegación Benito Juárez informó que el proximo lunes 9 fijará una posición con respecto a este pliego petitorio. 

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