Opinión: Gabriela Cuevas Barrón

La ciudad de México sufrió un colapso en sus principales vialidades debido a que cerca de 150 microbuseros salieron desde  tres distintos  puntos de la capital con dirección a calzada de Tlalpan y de ahí al Zócalo para protestar contra las multas fantasma, rutas piratas y taxis que prestan servicio colectivo. Más allá de la legitimidad o no de estos reclamos, o del severo problema vial, económico y laboral que esta protesta representó para miles de capitalinos, lo cierto es que el gobierno del Distrito Federal no ha sabido poner orden, ni el PRD en la Asamblea Legislativa tiene el mínimo interés por aprobar una ley para regular las marchas en la capital.
 
Un ejemplo de las consecuencias de una marcha desordenada, está en su impacto en las pérdidas económicas de la ciudad donde, según reporta la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), va de 340 millones de pesos en marchas, con duración de dos a tres horas, a 575 millones, si son de cuatro a cinco horas, y hasta de 937 millones si tardan más de cinco horas.  Tan sólo en 2010 hubo más de 6 mil marchas en el Distrito Federal.
 
La Ciudad no puede seguir siendo rehén de los intereses políticos del PRD ni de la esquizofrenia con la que gobierna Marcelo Ebrard. Regular las marchas no debe depender de los intereses personales del jefe de Gobierno, del partido que gobierna la Ciudad, mucho menos de la mayoría que representa el PRD en la Asamblea Legislativa.
 
Es indispensable sumar esfuerzos y voluntades:  Por primera vez existe la posibilidad de dictaminar una Ley para Regular las Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal y al ser un tema prioritario, tenemos la obligación de garantizar ante todo, los derechos humanos de quienes transitan por la Ciudad, al tiempo de preservar los derechos de quienes desean manifestarse.
 
Hay movimientos que parecen ser tolerados por el gobierno perredista, movimientos que cuentan con un permiso virtual para utilizar los espacios públicos y aprovechar de manera gratuita (por semanas y hasta meses) servicios como el suministro de energía eléctrica durante sus plantones. El ejemplo más claro, es el plantón que realizó Andrés Manuel López Obrador sobre Avenida Paseo de la Reforma, obstaculizando una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México y afectando la vida cotidiana de cientos de miles de capitalinos. En cambio, hay otros movimientos que ni siquiera pueden congregarse en los puntos de reunión debido a la intervención de las autoridades capitalinas, como los manifestantes de la Supervía Poniente, quienes recibieron el año nuevo en medio de un enfrentamiento con granaderos enviados por el Jefe de Gobierno.
 
 
Es verdaderamente lamentable que al día de hoy  no exista garantía alguna por parte del gobierno capitalino para proteger los derechos humanos de quienes transitamos diariamente por la ciudad ni la seguridad de quienes en ella se manifiestan.
 

No se sabe qué delegaciones, cuántos, mucho menos quienes serán los beneficiados por la lista de intocables que el jefe de Gobierno promueve a través de reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo del DF, publicadas por él mismo el pasado 7 de abril. De lo único que tenemos certeza, es que Marcelo Ebrard trabaja para todos, sus amigos claro, menos para la ciudadanía.
 
El jefe de Gobierno del DF envió el año pasado una iniciativa de reformas  al a ley anteriormente mencionada. Estas reformas, entre otras cosas, buscan beneficiar a un puñado de empresarios y constructores que podrían quedar exentos de las verificaciones administrativas y de protección civil que diariamente se realizan en todo el Distrito Federal. La finalidad de dichas reformas, de acuerdo con la iniciativa enviada el año pasado por el propio jefe de gobierno, era la de facilitar la apertura de negocios en la capital.
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Sin embargo, nos encontramos con todo lo contrario. Resulta que con total discrecionalidad, el jefe de gobierno podrá elaborar un listado de empresas (antros, bares, restaurantes) y de obras que quedarían fuera de la aplicación de la ley. Estas disposiciones propuestas por el jefe de gobierno y publicadas por él mismo, son autoritarias y con fondo totalmente electoral. Lo único que busca es condicionar a empresarios a cambio de prebendas  con miras a los comicios electorales del 2012. Marcelo Ebrard no puede utilizar la ley para favorecer sus aspiraciones políticas, ni mucho menos para beneficiar a unos cuantos. La ley debe ser aplicada para todos sin distinción.
 
El Gobierno del DF no estaría en condiciones de elaborar un acuerdo de este tipo, cuando en 2008, se tenía el cálculo de que en el Distrito Federal existían alrededor de 28 mil establecimientos mercantiles. Al día de hoy no existe un padrón total de establecimientos, sin embargo, tan sólo en la Delegación Venustiano Carranza existen más de 15 mil. Además, no se ha establecido el mecanismo ni los requisitos con base en los cuales serán seleccionados los beneficiarios de dicho acuerdo, abriéndose  de par en par puerta a la corrupción.
 
Establecimientos de alto impacto tanto en el ámbito urbano como en el ambiental y comercial podrían operar sin verificación alguna. De esta manera, se permitiría la operación de negocios como bares y centros nocturnos que no cuentan con los permisos y obras que garanticen la seguridad e integridad de los ciudadanos.
 
Incentivar la actividad económica en la Ciudad mediante la apertura de comercios no debe ser justificación para violar la ley o crear excepciones en la aplicación de la misma. No puede ser un argumento para privilegiar a algunos empresarios bajo criterios discrecionales que no toman en cuenta la opinión de los vecinos ni de las autoridades delegacionales. En suma, de no modificar la Ley de Procedimiento Administrativo, Marcelo Ebrard estará consintiendo violaciones e irregularidades en materias tan importantes como protección civil y preservación del medio ambiente en detrimento de los capitalinos.

La época de lluvias está por llegar. Los efectos provocados por el cambio climático se dejan ver aquí en el Distrito Federal en distintas épocas del año, por lo que más que nunca debemos tomar precauciones sobre todo, aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo como son las barrancas que hay en la capital.
 
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente existen en la capital 99 barrancas localizadas en 15 microcuencas. Dentro de ellas se ha detectado una gran erosión y contaminación que no sólo representa un riesgo potencial de hundimientos, agrietamientos y deslizamientos de los terrenos, sino que también han ocasionado la desaparición de especies endémicas y hasta la modificación del clima de la ciudad, pues según el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM la deforestación del suelo de conservación ha provocado un aumento de temperatura 7 veces mayor que el promedio global (PAOT, 2004).
 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial no cuenta con información actualizada al respecto, pues en un documento que entregó a la Asamblea Legislativa en 2010 todavía hace alusión a datos de 1998, de acuerdo a los cuales alrededor de 3 mil familias habitan en zona de barrancas, siendo 11 mil las viviendas irregulares que se encuentran en zonas de riesgo inminente.
 
Por otro lado, otro estudio realizado por el Politécnico Nacional, advierte que en el Distrito Federal se tienen registrados 600 sitios de alto riesgo ubicados en cauces de ríos, laderas y barrancas, principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Gustavo A. Madero.
 
 
La prevención de desastres y el rescate de las barrancas sólo podrá ser posible si se cambia la visión que de ellas tiene la población. Es decir, deben dejar de ser vistas como lugares que no pertenecen a nadie para ser consideradas elementos fundamentales de nuestros ecosistemas.
 
Es cierto que se han emprendido acciones encaminadas a solucionar estos problemas pero aún no se desarrollan políticas públicas articuladas. Muestra de ello es que hasta ahora se han decretado 5 barrancas como áreas de valor ambiental quedando 39 que esperan dicha declaratoria para contar con un marco más adecuado de protección.
 
A reserva de que la Asamblea Legislativa destine los recursos necesarios para que cada una de las Delegaciones cumpla con estas tareas, resulta imprescindible emprender programas permanentes de reforestación, recolección de basura y manejo adecuado de aguas negras que no sólo involucren de manera proactiva a los vecinos, sino que fortalezcan los mecanismos de coordinación intergubernamental. Asimismo, es urgente la ejecución de planes para regular los asentamientos humanos y la adopción de medidas para proteger a la población asentada en estas zonas, disminuyendo el riesgo de deslaves e inundaciones y actualizando la información con la que contamos hoy en día.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010 del INEGI, el Distrito Federal es la entidad con mayor tasa de incidencia delictiva al reportar 28,718 delitos por cada 100 mil habitantes, seguida por el Estado de México con 14,769 delitos.
 
Tomando en cuenta el número de averiguaciones previas registradas anualmente, se observa que el número de delitos de alto impacto se ha incrementado de manera constante a partir del año 2006, al pasar de 55,569 a 62,993 en el 2010. Lo mismo ha pasado con los homicidios dolosos que han aumentado de 646 a 811 cada año, mientras que el número de robos y de delitos sexuales han aumentado alrededor de un 50%.
 
Lo anterior aunado al alto nivel de percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, deben ser motivo suficiente para que las autoridades encargadas de la seguridad de los capitalinos realicen una autocrítica al interior de su ejercicio y analicen lo que hasta la fecha no se está haciendo bien.
 
Si bien es cierto que la percepción ciudadana es lo más difícil de cambiar, el hecho de que la gente ya no se sienta segura en las calles, no es un asunto irreal. La percepción que tienen los capitalinos sobre el tema de la seguridad pública es preocupante, pues sólo el 13.7% de la población se siente segura en la ciudad, mientras que el 84.6% se siente insegura.
 
Más preocupante aún resulta que por cuestiones de inseguridad, los capitalinos han dejado de realizar alguna o algunas de las siguientes actividades cotidianas: Tres millones y medio han dejado de salir de noche; dos millones han dejado de visitar parientes y amigos; dos millones cuatrocientos mil han dejado de tomar taxi y tres millones trescientos mil ya no llevan dinero en efectivo.
 
Considero que una de las principales acciones por emprender es fomentar, con acciones claro, la confianza en los elementos policiales. Por ello, es que se debe reforzar la aplicación de evaluaciones permanentes de control de confianza al personal de las instituciones policiales de procuración de justicia y centros de readaptación.
 
Al respecto tenemos que a noviembre de 2010, en el DF sólo se habían certificado 9,041 elementos de 95,861, lo que representa tan sólo el 9% del universo total a evaluar. Mientras que estados como Nuevo León y Puebla han certificado más del 20%.
 
Es así que con estos y muchos otros datos, no podemos permitir que nuestras autoridades minimicen el tema de la inseguridad en la capital; que rechacen cualquier otro dato que revele el incremento de la incidencia delictiva, o bien, que dejen al descubierto la ineficacia de estas dependencias.